En medio de la desesperación por obtener ingresos rápidos, numerosos desempleados están cayendo en prácticas riesgosas promovidas por despachos jurídicos que ofrecen gestionar retiros por desempleo desde las cuentas de Afore, utilizando métodos irregulares que podrían poner en riesgo su pensión futura.
De acuerdo con testimonios recabados, estos despachos dan de alta temporalmente a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con salarios inflados, que pueden alcanzar hasta los 30 mil pesos diarios, aunque solo laboren uno o dos días. Esta maniobra tiene como finalidad aumentar artificialmente el monto del retiro por desempleo, que según el artículo 191, fracción A, de la Ley del Seguro Social, permite retirar hasta 30 días del último salario cotizado, siempre y cuando la cuenta tenga al menos tres años de antigüedad.
El proceso se realiza con aparente legalidad, pero una vez aprobado el retiro, los despachos se quedan con hasta el 30% del monto obtenido, dejando al beneficiario con el resto del dinero pero con consecuencias graves: su historial laboral queda alterado, y en muchos casos, el monto de su pensión disminuye o incluso desaparece.
Especialistas en seguridad social advierten que estas prácticas, aunque comunes y difíciles de detectar, pueden ser consideradas como fraude y podrían traer implicaciones legales tanto para los despachos como para los ciudadanos que participan.
Las autoridades no han emitido posicionamiento oficial, pero fuentes cercanas al sistema de ahorro para el retiro aseguran que se están reforzando los filtros para evitar este tipo de irregularidades, las cuales afectan no solo a los trabajadores, sino también a la sostenibilidad del sistema pensionario.
El diputado federal por Morena, Alejandro Carbajal, informó que se está trabajando en una reforma al artículo 191, fracción A, con el objetivo de que el cálculo del retiro por desempleo se base en el salario promedio de las últimas 52 semanas, y no en el último salario cotizado. Con esta modificación se busca evitar fraudes cometidos por despachos jurídicos que inflan temporalmente los ingresos del trabajador, y al mismo tiempo proteger a los beneficiarios reales de esta prestación
PorGMRV.
